El balance del sector porcino de 2023 en Cataluña ha sido positivo. En esta valoración coinciden las organizaciones agrarias Unió de Pagesos y Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), que el viernes pasado presentaron sus balances de manera independiente.
El precio medio del cerdo ha sido de ,869 euros/kilo vivo en Mercolleida (en 2022 el precio medio fue de 1,51 euros el kilo vivo), con un récord de 2,025 euros el kilo vivo desde la semana 12 a la 31 del año pasado. El alto nivel del precio se ha mantenido por la oferta inferior en el Estado español y en otros países europeos.
Según las estimaciones de UP, las integradoras han ganado 41,72 euros de media por cada cerdo cebado (el 81% de las granjas de engorde trabajan bajo el régimen de integración). En cuanto a las empresas que compran lechones de importación han tenido un margen más reducido por el coste más elevado de la compra. Los costes en 2023 han sido muy elevados, especialmente pienso, energía y combustible, con una media de 1,50 €/kg.
Por su parte, JARC estima un margen anual medio para 2023 de 0,329 €/kg vivo, produciéndose un aumento considerable en relación al margen medio anual del 2022, el cual fue negativo, de –0,035 €/kg vivo. También recuerda los elevados costes, especialmente la alimentación, que supuso el 73% de los costes de producción al inicio y bajó al 69% a finales de año. El resto de costes también han subido y sobre todo, el seguro de recogida de animales muertos.
Nuevas exigencias de bienestar animal
En cuanto a las exigencias de las nuevas normativas para los ganaderos, Unió de Pagesos pide que se faciliten los trámites y aumenten los recursos para adaptarse. En este sentido, recuerda que la obligación de
ampliar los espacios disponibles en las granjas a raíz de la publicación del Real Decreto 159/2023 de medidas de bienestar animal también implica más gastos y un incremento de la gestión administrativa. Asimismo, solicita que se vayan evaluando las reducciones reales de las mejores técnicas disponibles (MTD) implantadas para disponer de la máxima información y para ser más eficientes en la hora de elegir los diferentes MTD para implantar.
JARC estima que la adecuación de las granjas a las futuras normativas de bienestar animal, que se presentan desde Europa y el Estado, podrían suponer una reducción del 11% de los ingresos de las explotaciones. Por ello, han pedido un período transitorio en la aplicación de las normativas para evitar que se solapen y den tiempo a amortizar las inversiones. También han solicitado que, aprovechando la duda que la Comisión Europea tiene en la aplicación de estas normativas y la afectación que puede tener en el sistema alimentario europeo; las granjas existentes no deban cumplir con los requerimientos de la modificación del RD 1135/2002, que implica, bien una reducción de la densidad de la granja o hacer frente a una ampliación.
Fuente: Agrodigital