Cuerpo cifra en casi 15.000 millones anuales el valor de los bienes golpeados por los gravámenes. El Ejecutivo aprueba un paquete de medidas para mitigar el impacto

España no es de los países más expuestos directamente a la descarga arancelaria de Donald Trump, pero aun así el 80% de sus exportaciones a Estados Unidos se verán comprometidas por la guerra  comercial que la Casa Blanca le ha declarado al resto del mundo salvo contadas excepciones, como Rusia, con el pretexto de que apenas tienen intercambios comerciales. Un argumento que suena a excusa  cuando España es uno de los pocos países de la UE con los que Washing ton sale ganando en la balanza bilateral de mercancías: Estados Unidos tuvo un superávit comercial de 9.319 millones de euros en 2023  y de 10.013 millones en 2024 en el intercambio de bienes, según datos de la Cámara de Comercio de España. Una condición que Trump no ha tenido en cuenta y que supone que unos 15.000 millones de euros de los 18.600 millones anuales en exportaciones españolas a su principal socio comercial fuera de la UE se encuentren bajo la amenaza de los aranceles, tanto los que ya han entrado en vigor como los  que anunció la semana pasada. Por mucho que las Bolsas continentales se hayan dado un respiro tras el terremoto en el que el Ibex 35 se dejó en solo tres sesiones un 11,5% de su valor. Traducido a román paladino: una pérdida por valor de 95.800 millones de euros.

“Dentro de los más de 18.600 millones en exportaciones que tenemos con Estados Unidos, más o menos el 80% se vería afectado por esa subida de aranceles”, afirmó el ministro de Economía, Carlos Cuerpo,  tras el Consejo de Ministros, durante la presentación del decreto con el que España pretende mitigar el primer zarpazo de Trump, que se ha interpretado como el inicio de un nuevo orden mundial y  que pone en barbecho casi un siglo de atlantismo. “Vamos a ver ahora cuál va siendo, día a día, la capacidad de competir en nuestras empresas en este entorno de incertidumbre y, en función de eso, iremos  redirigiendo la respuesta e iremos valorando si son necesarias o no medidas de apoyo directo”, dijo.

En 2024 se produjeron más de 2,5 millones de operaciones de exportaciones a Estados Unidos desde algo más de 1.500 compañías españolas, según los datos actualizados de la Cámara de Comercio de  España. La mayor parte de las ventas a la primera potencia mundial comprenden productos industriales y tecnología, según la recopilación estadística de la cámara. Un vistazo a los capítulos de productos que  más se exportan a EE UU permite descubrir que lo que más colocan al otro lado del Atlántico las empresas españolas es maquinaria mecánica y eléctrica, sobre todo motores. Otros de los productos que  generan más comercio desde nuestro país a EE UU son turborreactores, turbohélices y turbinas de gas, materiales para reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, material  eléctrico, aparatos de grabación y reproducción de sonido e imagen, grasas y aceites animales o vegetales, combustibles minerales, productos farmacéuticos, aceites esenciales y preparaciones  de perfumería, productos diversos de las industrias químicas, manufacturas de fundición, de hierro o acero, productos cerámicos y preparaciones de hortalizas, frutas entre otros.

Aun así, el ministro fue prudente al calcular el impacto de las medidas arancelarias de Trump sobre la economía. Insistió en que es pronto para saberlo, pero que será poco significativo y citó a analistas que  apuntan “a décimas”, aunque otros elevan el golpe hasta el medio punto de PIB.

El ministro de Economía, al que Pedro Sánchez ha encargado la reacción española y las negociaciones con el PP y el resto de partidos para consensuar el diseño de una red de seguridad abierta a ideas y  propuestas por encima de las siglas, ha logrado una tregua, que no se sabe cuánto durará, entre los dos grandes partidos hasta el punto de intercambiarse documentos. Génova considera insuficientes las  medidas que el Ejecutivo le ha aceptado y ha incorporado al decreto mientras en La Moncloa destacan que sí se han atendido las principales. El decreto reduce la moratoria contable e incorpora al diálogo a las  comunidades como reclamaba el partido de Alberto Núñez Feijóo. Además, se aumenta la partida inicial de 14.100 millones con 220 más para la internacionalización de empresas con una inyección extra al Fondo de Internacionalización de la Empresa.

“Es prematuro entrar ahora  a hacer una valoración o a poner sobre la mesa algún elemento como un fondo de ayudas directo. Iremos viéndolo y reaccionando con un diálogo continuado con los grupos. Lo que  tenemos sobre la mesa es un despliegue completo de la red de la que disponemos en materia de instrumentos financieros. No queremos que se cuele nada en cuanto a impacto sobre empresas o sectores que
puedan hacer que a corto plazo tengan un problema de liquidez o de circulante y que, por lo tanto, puedan verse afectadas sin que hayamos reaccionado. Esta es la respuesta inicial”, expuso el ministro que,  junto a Luis Planas, el titular de Agricultura, Pesca y Alimentación, está teniendo un papel más destacado en la última crisis que le ha tocado sortear al Gobierno.

Otra novedad respecto al borrador que EL PAÍS publicó el lunes es que se añade un artículo específico sobre rendición de cuentas y transparencia: el ministro de Economía tendrá una comparecencia  trimestral en el Congreso. Otro gesto a las demandas del PP es que el Gobierno reduce un año, cuando estaba pensada hasta 2026, la prórroga de la moratoria contable aplicada ya en la pandemia para evitar la quiebra de empresas por la guerra arancelaria.

Esta medida es fundamental para aquellas empresas o sectores que todavía tienen una recuperación más retrasada o más retardada. En las discusiones con el grupo popular, uno de sus comentarios era  que quizás la prórroga durante dos años era excesiva, que podríamos valorar la situación al finalizar 2025 y luego ajustarla”, explicó Cuerpo. “Es solo un ejemplo donde queda claro de nuevo la voluntad y la  capacidad de ir ajustando los márgenes que tenemos para adaptar este plan de tal forma que contribuya o que sea una respuesta conjunta”, añadió el ministro. Las comunidades (el PP gobierna en 12, además de en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla) formarán parte desde mañana del diálogo abierto por el Gobierno con los diferentes niveles de la Administración a través de la conferencia  sectorial.

Por su lado, Junts ha aprovechado la aprobación del plan de ayudas para sacar pecho. El portavoz adjunto de Junts en el Congreso, Josep Maria Cruset, anunció ayer un acuerdo con el Gobierno para que las  ayudas se distribuyan a las comunidades en función de su peso en las exportaciones al país norteamericano, de modo que Cataluña percibirá el 25% del total, algo más de 3.000 millones de euros.

Carne, fruta y bebidas cargan también con barreras no arancelarias

La Secretaría de Estado de Comercio recopila en una página web (barrerascomerciales.es) los distintos obstáculos que se encuentran, tanto arancelarios como no arancelarios, los exportadores españoles en  su aventura internacional a través de las denuncias que transmiten las propias empresas a la red de oficinas económicas y comerciales en los países donde operan. En la actualidad, esa página web recopila  hasta nueve denuncias diferentes sin resolver en EE UU y la gran mayoría son obstáculos no arancelarios, en las que se establece un veto por razones sanitarias, fiscales o por discriminación frente a los  productores locales, lo que de facto cierra las puertas de ese mercado.

El caso más paradigmático es el de la discriminación en la contratación pública federal, que mueve en torno a 548.000 millones de euros anuales. De esa cantidad, tan solo 19.180 millones (un 3,5%) correspondieron a compras de productos extranjeros.

Los productores de carne, frutas y hortalizas frescas deben sortear desde hace años barreras sanitarias. En el caso de la carne, las empresas españolas solo pueden exportar determinados productos de cerdo,  procedentes de establecimientos previamente autorizados y acompañados de los correspondientes certificados que acrediten que el producto cumple con todos los requisitos de salud pública. Existe un listado  oficial en el que solo aparecen 54 establecimientos autorizados por el Departamento de Agricultura de EE UU, (52 de porcino y 2 de ovino) entre los que se encuentran multinacionales como Campofrío, Sánchez Romero o Noel.

Por su parte, los exportadores de frutas y hortalizas denuncian que al margen de los exhaustivos controles del Servicio de Inspección de Animales y Plantas, dependiente del Ministerio de Agricultura, hasta que  se logra una autorización (el proceso puede demorarse varios años) para exportar, la consecución de la misma puede alargarse por otras cuestiones.

Los fabricantes españoles de bebidas alcohólicas también tienen que sortear una importante barrera comercial, ya que el sistema estadounidense establece como obligatorio un método en el que las empresas  tienen que ser al mismo tiempo productor, distribuidor y minorista, con el finde garantizar el cobro de los impuestos por parte del gobierno federal y de los estados. En realidad, ese sistema provoca que solo las  bodegas sean elegibles.

A ello se suma el castigo fiscal que sufre el sector de la cerveza por dos vías: la primera es que el impuesto es mucho mayor si el productor es extranjero que si es nacional y la segunda se resume en las  dificultades para aplicarse el beneficio desde que en 2017 se aprobó la reforma fiscal para la modernización de los productores de cerveza.

Font: El País