El Gobierno ha aprobado ayudas directas de Estado por más de 636 millones de euros para apoyar a los ganaderos frente a la sequía.
El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley que incluye un potente paquete de medidas urgentes de apoyo al sector agrario para hacer frente a la prolongada situación de sequía y al agravamiento de las condiciones del sector primario como consecuencia de la guerra en Ucrania. Entre ellas se incluyen ayudas directas de Estado para los sectores agrícola y ganadero, que superan los 636 millones de euros, o la subvención de hasta un 70 % del coste de las pólizas de seguros por la sequía de los cultivos más comprometidos por la falta de lluvias y las elevadas temperaturas.
Desde el inicio del año hidrológico, el 1 de octubre de 2022 hasta esta misma semana, el valor medio de las precipitaciones en España ha sido un 27,5 % inferior al promedio de este periodo. La reserva hidráulica peninsular se situaba durante la segunda semana de mayo en un 48,9 %, algo inferior a la del año anterior (50,6 %), cuando el Gobierno ya aprobó un decreto de sequía con medidas importantes, algunas de ellas se fueron ampliando a lo largo del pasado año para hacer frente a la crítica situación del sector afectado también por las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.
El Gobierno ha considerado que en el actual escenario tras la invasión de Ucrania el sector estaba sometido a una situación compleja que, unida a las circunstancias climáticas, hace que resulte de extraordinaria y urgente necesidad adoptar medidas que garanticen el mantenimiento y la sostenibilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas, reafirmen la seguridad alimentaria y permitan reforzar la senda de crecimiento económico del país.
Además del pago de las ayudas directas, el real decreto-ley contiene medidas de apoyo de ámbito fiscal, financiero, socio-laboral, hidráulico y en el de la Política Agraria Común (PAC), en las que están implicadas los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación; Hacienda y Función Pública; Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Trabajo y Economía Social; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Solo las medidas en materia agraria y de aguas están valoradas en unos 2.190 millones de euros en total.
Se destinan 355 millones de euros para los productores de carne y de leche de vacuno, ovino y caprino para compensarles por el incremento de los costes de producción, como los piensos y otros insumos. La escasez de precipitaciones ha mermado la existencia de pastos y ha obligado a buscar alternativas para la alimentación de los animales que resultan más caras a unas explotaciones que ya habían sufrido las consecuencias de la guerra en Ucrania.
MEDIDAS FISCALES
En materias fiscal, quedan eximidas del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) las propiedades de los titulares de explotaciones agrícolas o ganaderas que hayan sufrido, en el ejercicio 2023, una reducción del rendimiento neto de las actividades agrarias de, al menos, un 20 % en zonas con limitaciones naturales, según la normativa de la Unión Europea, o de un 30 % en las demás.
Se exime del pago de IRPF y del impuesto de sociedades las ayudas que se perciban por los ecorregímenes de la PAC.
Igualmente queda eximida del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados la formalización de avales de la Sociedad Estatal de Caución Agraria (SAECA) en los contratos de préstamo, lo que supone un abaratamiento de las operaciones que facilitan también el acceso a la financiación en mejores condiciones.
FLEXIBILIZACIÓN DE LA PAC
El real decreto-ley contempla que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación establecerá los criterios para que, de una forma armonizada, las autoridades competentes de las comunidades autónomas puedan flexibilizar determinados requisitos de las ayudas directas de la PAC, al objeto de que las circunstancias devenidas como consecuencia de la sequía no representen impedimentos añadidos para la percepción de dichas ayudas.
Así, se amplía hasta el 30 de junio el plazo para la presentación de las solicitudes. De esta forma, los agricultores dispondrán de más tiempo para la toma de decisiones sobre sus cultivos en un momento en el que la sequía produce muchas incertidumbres.
Tras las reuniones mantenidas con las comunidades autónomas y el sector, el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha elaborado una circular que será remitida para consulta en el día hoy, que recoge los requisitos de condicionalidad reforzada, ecorregímenes y ayudas asociadas para los que se puede aplicar la causa de fuerza de oficio con motivo de la sequía.
Se escalona en cuatro fases, en lugar de las dos que estaban establecidas, la entrada en vigor del Cuaderno Digital de Explotación. Según el tipo de explotación, se retrasa al 1 de enero de 2024 y al 1 de enero de 2025 la incorporación de la totalidad de la información obligatoria a dicho cuaderno.
MEDIDAS SOCIO-LABORALES
En materia laboral, se ha aprobado un aplazamiento en el pago de las cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, cuyo devengo tenga lugar entre los meses de mayo a septiembre de 2023, para las empresas incluidas en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, y entre los meses de junio a octubre de 2023, para los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios.
Además, se prorroga, hasta el 31 de diciembre de 2023, la medida excepcional de reducción a 10 el número mínimo de jornadas reales cotizadas necesarias para acceder al subsidio agrario en las comunidades autónomas de Andalucía y de Extremadura.
MEDIDAS HIDRÁULICAS
Los agricultores que sean titulares de derechos de riego y que hayan tenido una reducción en los suministros de agua que tienen concedidos se beneficiarán de una rebaja del canon. Esta bonificación será del 100 % si la reducción en la dotación de agua supera el 60 %, y del 50 % si el recorte del suministro ha sido de entre el 40 % y el 60 %.
Font: Porcinews